Programa Austral Patagonia

Áreas de trabajo

ÁREAS DE TRABAJO

Áreas Protegidas

La Patagonia chilena es un territorio de conservación que alberga el 74% de la superficie del SNASPE a nivel nacional distribuida en 35 áreas que equivalen al tamaño de Uruguay. Además de las áreas del SNASPE se encuentran 4 Santuarios de la Naturaleza y cerca de 25 Bienes Nacionales Protegidos (BNP), que suman alrededor de 300 mil ha. En el ámbito marino, existen otras 11 áreas marinas entre Parques Marinos (2), Reservas Marinas (2) y Áreas Marinas Costeras de Múltiples Usos (AMCMU) (5), Santuario de la Naturaleza Marino (1) y Sitio Ramsar (1) que sumadas son alrededor de 1,1 millones de ha. Gran parte de estas áreas protegidas implican importantes desafíos, sobre todo para la gestión y protección efectiva y a la vez presentan debilidades y amenazas como el bajo presupuesto operativo, la extracción no sustentable de recursos, y las concesiones de salmonicultura, entre otros.

Buscamos promover medidas efectivas de protección para resguardar la conservación de estos espacios naturales y culturales de la Patagonia. Buscamos avanzar en el mejoramiento de la gestión en las áreas protegidas marinas y terrestres de la Patagonia, mediante el apoyo a procesos locales, regionales y nacionales de planificación, financiamiento, capacitación, gobernanza y monitoreo.

Áreas Protegidas

Estándares de Gestión de Áreas Protegidas del Estado

Chile ha sido reconocido a nivel mundial como uno de los países líderes en superficie protegida en sus ambientes marinos y terrestres (42% y 21% respectivamente). Sin embargo, gran parte de estas áreas protegidas actualmente enfrentan importantes desafíos como el bajo presupuesto anual; el deficiente o nulo manejo y fiscalización; y la escasa participación de las comunidades locales en sus planes de desarrollo, entre otras brechas.

Así, un grupo de investigadores con amplia experiencia en la generación de estándares para conservación ha desarrollado indicadores para medir la calidad de los esfuerzos de conservación, consensuar y definir umbrales para buenas prácticas estandarizadas a nivel nacional, y sugerir mecanismos de verificación de impacto de políticas públicas sobre los objetos de conservación.

Además de alimentar los procesos de creación y administración de áreas protegidas, con estos instrumentos el Programa Austral Patagonia busca apoyar permanentemente al Estado para enfrentar procesos internacionales de colaboración para la conservación, como el Estándar globalmente aplicable, desarrollado por el Programa de la Lista Verde de la UICN; y la Segunda auditoría coordinada de Contralorías respecto de la administración de áreas protegidas.

Un Área Protegida cumple su objetivo cuando es administrada de manera efectiva, manteniendo su riqueza natural y cultural. Para lograrlo, nuestro equipo trabaja definiendo colaborativamente estándares que orienten el esfuerzo de política pública hacia un manejo efectivo.

Áreas Protegidas

Tierras Fiscales

El Programa Austral Patagonia ha implementado una línea de investigación para identificar predios fiscales con valor para la conservación y el turismo local. En este ámbito, las tierras públicas ocupan un lugar importante, ya que cerca del 53% del territorio chileno corresponde a predios del Estado, ubicados principalmente en la zona norte del país y en la Patagonia chilena. Un gran número de estos predios tiene un tremendo valor natural y cultural, además de entregar importantes servicios ambientales como fuentes de agua, recreación y esparcimiento. Al mismo tiempo, estas áreas presentan diversas amenazas: ocupaciones ilegales, enajenación, degradación de sus suelos y bosques, incendios y otros.

El Programa Austral Patagonia, trabaja en conjunto con el grupo de ONGs Patagonia Mar y Tierra integrada, entre otras, por organizaciones del territorio como Aumen, Puelo Patagonia y Fundación Omora, además de Municipios y el Ministerio de Bienes Nacionales, para contribuir a la valoración y uso sustentable de este patrimonio natural y cultural. La participación del Estado es clave para el éxito de esta aproximación, buscando siempre avanzar hacia la valoración, y el manejo efectivo de los bienes fiscales con valor ambiental y cultural de estos territorios, promoviendo el acceso responsable, un manejo inclusivo y efectivo liderado desde las organizaciones locales, municipios y gobiernos regionales.

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